Durante el transcurso de esta semana hemos asistido a un espectáculo democrático inaudito. Porque la fatalidad se cobró 194 vidas en la Capital Federal, hace más de un año que presenciamos las idas y venidas del poder político y de los familiares de los jóvenes siniestrados. Por un lado hemos comprobado, de manera fehaciente, que si algo pasa en ese lugar recóndito de nuestro país, toda la nación lo sabe y lo vive como propio en pocos instantes. Es que allí se encuentran concentrados los mayores medios de comunicación de nuestra patria. Y por esto el estornudo de un porteño en calle Florida es mucho más noticiable que la lenta muerte de chagas de cientos de hombres en el Chaco boreal. Pero no queremos hablar de esto.
Esta vez si, gracias a los medios, hemos tenido la mayor catequesis democrática desde 1983. Nos estamos refiriendo al juicio político del jefe de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y tómese correcta nota de lo que hemos dicho: no de la condena del señor Ibarra. Hablamos del acontecimiento inédito de que un gobernante sea juzgado por la responsabilidad de sus actos de gobierno durante el mismo ejercicio de su poder.
Uno puede estar de acuerdo o no con el accionar de los diputados transformados en jueces. Uno puede estar de acuerdo o no con lo planteado por la defensa o la fiscalía. Uno puede estar de acuerdo o no con el fallo final de la cámara juzgadora. En todo esto… no nos queremos meter, porque entra en el terreno de las meras opiniones, condimentada por las pasiones que les ponemos a los debates los argentinos.
Más allá de todo esto, nos quedamos con este acontecimiento democrático: lo que dice la ley también es aplicable a quienes ejercen el poder. Y por esto deben responder por sus actos. Y esta respuesta, como lo marca el régimen democrático imperante, es ante el pueblo que se manifiesta en sus representantes elegidos libremente. No es que se juntaron algunos trasnochados ávidos de poder para dar un “golpe institucional” a las autoridades legítimamente constituidas. Por el contrario, quienes llevaron adelante el asunto fue un grupo de legisladores, de los más diversos colores políticos operantes en el territorio de la capital Argentina. Es más, algunos de ellos tenían todavía fresca la tinta de los certificados obtenidos en las últimas elecciones.
Tampoco perpetraron un “golpe institucional” al margen de la ley. El marco de referencia de lo actuado es la Carta Magna de esa ciudad autónoma, votada incluso por el ahora ex intendente.
Hace unos meses, los Obispos nos regalaban una Carta Pastoral que trataba sobre la Doctrina Social de la Iglesia. Allí se meditaba sobre los principios básicos de esta doctrina. Con respecto a uno de ellos, nos recordaban que la “Participación” es otra de las columnas de la Doctrina Social de la Iglesia. Es una “consecuencia característica de la subsidiaridad, que se expresa, esencialmente, en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o asociado a otros, directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece. Es un deber que todos han de cumplir conscientemente, en modo responsable y con vistas al bien común. No puede ser delimitada o restringida a algún contenido particular de la vida social”. “La participación en la vida comunitaria no es solamente una de las mayores aspiraciones del ciudadano, llamado a ejercitar libre y responsablemente el propio papel cívico con y para los demás, sino también uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos, además de una de las mejores garantías de permanencia de la democracia”.
Y más adelante, en la aplicación práctica de este principio a nuestra realidad, nos decían que “se piensa que los deberes del ciudadano se agotan en el acto eleccionario. Cumplido éste, muchos se despiden de su ciudadanía hasta la próxima elección. No son conscientes que a la salida del cuarto oscuro los aguarda la vida cotidiana con una multitud de otros deberes ciudadanos, de diverso grado, pero todos necesarios para actuar como ciudadano y construir la República: desde no cruzar el semáforo en rojo, no hacer ruidos molestos, cuidar la limpieza de los espacios públicos, realizar bien el trabajo, pagar los servicios e impuestos, exigir cuentas de su recta administración, hacer con responsabilidad la propia opción partidaria, respetar la ajena, entablar un diálogo democrático con ella. Y así, hasta el cumplimiento de deberes más graves, como postularse para un cargo público, y, si fuere el caso, hacer juicio político a la autoridad constituida.”
Esta semana se ha conocido el fallo de una cámara de diputados de una ciudad que es equivalente a una provincia argentina. Uno puede estar de acuerdo o no con muchas cosas, pero lo que no podemos discutir es que, por fin, se ha demostrado que nuestros gobernantes deben ser responsables por sus actos. Y así se ha juzgado. Dios quiera que sea esto un poco de frescura para el aire viciado que se respira en la vida política de nuestra patria y el escepticismo de los ciudadanos frente a ella.