No existen escuelas gratuitas

Osvaldo Bodean, periodista y referente provincial de las escuelas de gestión comunitaria ha escrito algo muy interesante sobre la gratuidad escolar. Se los adjunto para que puedan opinar sobre el tema, en el contexto de la redacción de la nueva ley de educación que se está gestando en mi Patria Chica.

Desde algunos sectores sociales se insiste con que las escuelas deben ser gratuitas. No está nada mal. Es un deseo compartido. Los padres de familia deseamos, como ocurre en tantos países avanzados del mundo, no tener que pagar más que nuestros impuestos para educar a nuestros hijos en la escuela que libremente seleccionemos, conforme a nuestra manera de pensar.Pero en verdad NO EXISTEN ESCUELAS REALMENTE GRATUITAS.
Es Obvio: TODAS necesitan dinero para funcionar. ¿Acaso no es con dinero que debe pagarse el salario a los docentes y ordenanzas, construir y reparar edificios, comprar mobiliario, garantizar la luz, las computadoras, etc. etc.? Nadie trabaja gratis ni tampoco son gratis los insumos.
Por eso, la cuestión a dilucidar es otra: de dónde deben salir los recursos para pagar lo que ineludiblemente debe pagarse.
Llegamos así a una segunda obviedad, aunque no forme parte de nuestra mentalidad reconocerla. SIEMPRE EL DINERO SALE DE UN MISMO LUGAR: DE TODAS LAS FAMILIAS QUE CONFORMAN LA SOCIEDAD. Vía impuestos y/o vía aranceles de escuelas de gestión privada, SIEMPRE el dinero es aportado por las familias.
Caer en la trampa de creer que el Estado nos regala las cosas viene a ser lo mismo que pensar cuán generosa es la tarjeta de crédito que me paga mis compras en el supermercado. Visa o Mastercard pagan con nuestra plata. El Estado también paga con nuestra plata, sea que construya un puente, abone sueldos de la policía, o sostenga una escuela.
Quiere esto decir que las familias son las generadoras de los recursos que el Estado tiene la obligación de emplear para que sus hijos sean educados, allí donde los padres elijan educarlos.
Y no es un capricho esto de elegir adónde educar nuestros hijos. Entre los derechos humanos reconocidos desde la Declaración Universal de 1948, con jerarquía constitucional desde la reforma de 1994, figura uno que no deja margen para dudas: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos” (artículo 26, inciso 3).
A nadie que se precie de democrático podrá disgustarle este DERECHO HUMANO, esta libertad de elegir escuela de acuerdo a la manera de pensar de cada uno, siempre y cuando, por supuesto, se trate de establecimientos autorizados por el Estado, que cumplan con los lineamientos básicos exigibles.
Nadie que se precie de democrático pretenderá que exista un monopolio justamente en educación. Sería tan o más grave incluso que si mañana nos despertáramos con la noticia de que todos los medios de comunicación fueron estatizados. Adiós libertad de prensa y adiós libertad de expresión. Dos libertades que, dicho sea de paso, sirven de poco si a un padre se le niega la libertad para elegir dónde educar a su hijo.
Nadie que se precie de democrático considerará justo que esta libertad de elegir escuela, que es un derecho humano, sea sólo privilegio de los que tengan dinero para pagar un arancel extra. Es como decir que ese derecho humano básico, que es la educación, no es un bien gratuito, que si lo querés deberás pagar más, aparte de lo que ya pagás mediante tus impuestos.
Llegados a este punto de un razonamiento más que lógico, saquemos la conclusión debida. Si queremos hablar en serio de gratuidad, libertad, democracia, pluralismo, reconozcamos que EL ESTADO TIENE EL DEBER DE SOSTENER A TODAS LAS ESCUELAS QUE AUTORIZA, sean de su propiedad o gestionadas por Iglesias, asociaciones, fundaciones, etc. ¿Por qué tiene ese deber? Porque TODAS sin excepción educan a los niños de familias a las que les asiste el mismo derecho a que el dinero de sus impuestos sea usado para educar a sus hijos, elijan el establecimiento que elijan. TODAS brindan educación pública.
“Pero el dinero no alcanza para todos aunque todos tengan igual derecho a recibir aportes estatales”, seguramente objetará alguno desde el más absoluto realismo. Es verdad, no alcanza. Habría que esforzarse para que alcance, ¿no? Quizá controlando la evasión, evitando gastos superfluos, poniendo a raya a la corrupción, la cosa mejore. Mientras tanto, mientras no alcance, ¿a qué escuelas les mandamos más y a cuáles menos? Emerge el desafío de la equidad, una virtud que abunda menos que el dinero.
Si el dinero que se envía a las escuelas no es para sus propietarios ni para sus directivos, si no para costear la educación de chicos y jóvenes, desde la mirada de la justicia social, valdría que se priorice a los establecimientos que educan a los hijos de familias postergadas en lo socioeconómico. Pero, atención, que el ÚNICO CRITERIO VÁLIDO para distinguir a la escuela más necesitada de la menos necesitada no sea otro que la situación socioeconómica de los grupos familiares que les confían sus hijos.
¿Por qué remarcamos que debe ser el único criterio válido? Porque no es justo retacearle el apoyo a una escuela con la excusa de que es de gestión privada, y hasta conlleva una implícita discriminación hacia sus alumnos. Cuánto girarles dependerá de cuán necesitadas sean las familias de esos chicos y no de quién gestiona la institución, sea el Estado, la iglesia católica, la luterana, la adventista, una unión de padres, un club, una cooperativa, etc.
Pongamos uno de tantos ejemplos, para que se entienda mejor. ¿Qué fundamento puede haber para que a la escuela El Silencio, de Concordia, enclavada en un asentamiento cuyos habitantes sobreviven a duras penas revolviendo la basura, que atiende a los hijos de esas familias que carecen de lo más elemental (vivienda, ropa, remedios, etc.), se le niegue el ciento por ciento de la ayuda económica que necesita para funcionar?
Mandarle a esa institución menos ayuda que a otra que atiende a familias en igual situación de precariedad pero que es de gestión estatal, conlleva una grave discriminación que tiene como víctimas principales no a los propietarios del establecimiento (cuya vocación educadora es admirable) si no a los chicos que allí concurren y a sus padres. Porque para ellos, para esos chicos, son los recursos que mes a mes se transfieren.
Siempre partiendo de que el criterio para distribuir fondos no puede ser otro que la situación socioeconómica de las familias a las que cada escuela atiende, no sería un despropósito ni una arbitrariedad ni mucho menos una injusticia, estudiar la posibilidad de que en establecimientos de gestión estatal enclavados en zonas urbanas muy favorecidas, los más pudientes aportaran un arancel para su sostenimiento, liberando así recursos que el Estado necesita para instituciones de barrios marginales.
En fin, mil perdones si esta carta molesta a algunos, en la medida en que colisiona con algunos lugares comunes, tan comunes que constituyen algo así como un pensamiento único. ¡Qué paradoja!, ¡pensamiento único en educación!!!