“De eso no se habla” era el título de una película argentina que trataba de temas tabú para la sociedad de una época. Pero parece ser el título perfecto para lo que ha pasado esta semana en las Cámaras Nacionales de Senadores y Diputados.
El jueves, tras una discusión de 10 minutos, si escuchó bien: ¡10 minutos!, la Cámara de Diputados convirtió en ley la adhesión de Argentina al Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) adoptado por la ONU en 1999. Como si fuera un simple trámite administrativo, se abren las puertas a la legalización del aborto en nuestro país.
El CEDAW tiene un nombre simpático que despierta espontáneamente adhesiones por su intención: luchar contra la discriminación de la mujer. Pero detrás de este rostro sonriente se encuentra su sombrío proceder. El Secretariado Nacional para la Familia, de la Conferencia Episcopal Argentina, les recordó a los legisladores varias de estas características.
El Protocolo Facultativo es optativo. Por este motivo no hay necesidad ni conveniencia alguna en suscribirlo. Dicho documento implica resignar nuestra soberanía jurídica, delegándola en manos de un comité ignorante del derecho argentino que podría exigir cambios legales al margen -o contra-, el sentir de nuestra sociedad. Desde hace varios años, ese Comité no cesa de “exigir” a los Estados, la despenalización del aborto. Como ha sucedido con Paraguay, Panamá, República Dominicana y México; en estos últimos tres países llegó al extremo de mostrar preocupación porque en sus hospitales, los médicos ejercen la objeción de conciencia y se niegan a practicar abortos. Al mismo tiempo, considera a la maternidad un “rol estereotipado” perjudicial para la mujer y bajo este pretexto, instó a países como Armenia a “combatir el tradicional estereotipo de la mujer en su rol de madre” o a la República Checa por “medidas que sobreprotegen al embarazo y la maternidad”. Así se podrían mencionar otras recomendaciones para homologar la homosexualidad con la heterosexualidad o ceder la patria potestad al Estado.
Mons. Martíni, obispo de San Justo, en una carta al Vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, que a su vez es el presidente del Senado de la Nación, le recordaba que “si las recomendaciones del Comité fueran vinculantes, hasta el menos avisado de los argentinos comprende, que en materia jurídica la República Argentina habrá dejado de ser un país soberano, para someterse genuflexamente a los caprichos de un grupúsculo ideologizado, de origen transnacional. Quizá este sea uno de los objetivos de la actual administración nacional. Al menos así parece indicarlo la cancelación por adelantado del 100% de la deuda de capital e intereses, al Fondo Monetario Internacional, y la previa apropiación de los ahorros que permitirían la futura jubilación de muchos argentinos, por un monto similar. En este orden de ideas, la ratificación del Protocolo Opcional, sólo sería una nueva “vuelta de tuerca”: pasar de la absoluta dependencia económica frente a la plutocracia internacional, a la pérdida completa de la soberanía jurídica, ofrendada sin motivo, a ciertas ideologías extranjeras, completamente extrañas a las tradiciones de nuestro Pueblo. Ustedes deciden y, como toda persona adulta, serán responsables de sus actos.”
Ellos decidieron y en total silencio. ¿Escuchó Ud. alguna noticia el viernes o el sábado sobre este tema? ¿No? ¿Por qué será? Como en la película: “de eso no se habla”…