Padres e hijos, víctimas de una grave discriminación

¿Debe pedir perdón Ángela para que le devuelvan la asignación universal por hijo que acaban de quitarle? ¿Qué pecado cometió, si cumplió con los únicos dos requisitos: vacunarlos y mandarlos a la escuela? ¿Acaso compró drogas? ¿Se jugó el dinero en la quiniela clandestina? ¿Delinquió? ¿Falsificó las partidas de nacimiento?

No. Ni compró drogas, ni se jugó el dinero en la quiniela, ni incurrió en delito alguno. Además, por nada de eso le hubieran arrebatado el beneficio.

En un acto autoritario, discriminatorio e ilegítimo, a Ángela la despojaron de la asignación por el sólo hecho de haber elegido para sus hijos una escuela de gestión privada, ejerciendo un derecho humano universal, tan universal como mentirosamente dice serlo la asignación que le han robado.

Cuando a Ángela le preguntan por qué eligió la escuelita parroquial de Gruta de Lourdes, enclavada en una barriada muy pobre de Concordia, se pone nerviosa, titubea y busca justificarse, como si la estuvieran acusando de algo, como pidiendo disculpas por haber hecho lo indebido, algo tan malo que le está costando quedarse sin la asignación, algo que molestó a los gobernantes. “Cuando yo me vine a vivir al Tiro Federal no conseguí banco en otra escuela, entonces los anoté en la Gruta”, se excusa.

Ángela tiene el realismo de quienes luchan por la sobrevivencia. Le explicaron y vio en las noticias que el gobernador Sergio Urribarri gestiona ante Nación una solución y que hasta diciembre pagará con fondos provinciales 170 pesos mensuales. No desconfía de que así sea, pero no puede esperar: “Yo los voy a cambiar de escuela, porque yo necesito esa plata, porque yo no tengo ni un plan ni nada, y a mí me servía para las zapatillas, para comprarles las cosas para la escuela. Yo siempre los mandé ahí a ellos, pero lo que pasa es que si me sacan esa plata yo tengo que hacer algo para seguir cobrando, porque ¡¿qué voy a hacer si me los sacan a todos?!”.

Tampoco puede darse el lujo de preocuparse, como se preocuparía cualquier madre, porque sus hijos pierdan el grupo de compañeros y amigos al que pertenecen y quizá el desarraigo conspire contra su desempeño escolar futuro.

Menos aún se le cruza por la cabeza presentar un recurso de amparo invocando la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, o la flamante ley provincial de educación de Entre Ríos 9890, en cuyo artículo 135, incisos a) y b), reza: “Los padres, tutores o quienes tengan la guarda y custodia del menor tienen los siguientes derechos a: a) Ser reconocidos como agentes naturales primarios de la educación de sus hijos. b) Elegir libremente para sus hijos o representados la institución educativa que responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas”.

Intuye que ese sería un camino largo, demasiado lento para sus urgencias de ayer. Tan lento como el INADI, que esta vez no parece dispuesto a actuar de oficio, aunque la discriminación sea patente y patética. Intuye Ángela que eso de la libertad de elegir escuela, digan lo que digan las leyes, en los hechos es para ricos nomás y no para pobres como ella. Que la libertad de educación tiene pocos que la defiendan y que es algo así como la cenicienta de todas las libertades.

Ángela tampoco puede perder el tiempo formulando preguntas que ningún funcionario podrá responder con algún fundamento serio: ¿Por qué se le castiga por mandar sus hijos a una escuela aprobada, supervisada y parcialmente sostenida por el Estado, que entrega un título oficial, si hasta hay muchos funcionarios que también inscriben sus hijos en instituciones de gestión privada? ¿O será por los cuatro pesos mensuales que paga cuando puede para la cooperadora? ¡Pero si es menos que en las escuelas estatales del centro!

Además, ella tiene derecho a hacer lo que quiera con la plata de la asignación, por lo cual no entiende por qué no podría usarla, si se le antojase, para pagar un arancel escolar. ¿Está mal usar el dinero en la educación de los hijos?

La vida le ha enseñado a negociar con los poderosos de turno para lograr una ayuda, por lo que ni se le ocurre salir a gritar todas esa verdades irrefutables que desnudarían la arbitrariedad, el autoritarismo y la discriminación de la que es víctima. Por eso busca sacar los chicos de la escuela de la gruta, aún consciente de los desvelos del cura Andrés por mantenerla en pié y fiel a su misión humanizadora.

“Padre Andrés no se va a enojar, si más de una vez también se lo ha visto luchar por sacar adelante a las escuelas estatales del barrio”, quizás piense Ángela. Y tendría razón en pensar así.

Quienes conocen a Andrés Servín, saben que sufre en carne propia el hambre de pan y educación de tantos niños de la zona sur de Concordia, y lucha para que vayan a la escuela y no la abandonen por salir a changuear o anotarse en la zafra. Si van a una de gestión privada o estatal, ¡qué importa! Lo realmente importante es que vayan a la escuela.

Deberían aprender del cura los gobernantes, para superar, de una vez por todas, esos añejos prejuicios ideológicos, esa competencia ridícula entre la gestión estatal y la privada, que tironea de niños inocentes y de madres como Ángela, que no tienen margen para tomar partido por otra cosa que no sea la felicidad de sus hijos.

Al fin y al cabo, en la realidad, todas las escuelas son estatales y todas son privadas. A todas las aprueba y supervisa el Estado, y en eso son estatales. Educan según lineamientos que establece y controla el Estado, por lo que integran un único sistema educativo. También a todas las bancan los ciudadanos con sus impuestos. Sólo que en algunas, los padres pagan por segunda vez, abonando un arancel extra y confiando la gestión a organizaciones no gubernamentales.

Quizá en algún futuro lejano superaremos tanta miopía ideológica perimida. Quizá alguna vez se entienda que no se puede discriminar a un chico por la escuela que eligieron sus padres. Que todos tienen el mismo derecho a edificios dignos; a docentes bien formados, capacitados y justamente remunerados; a la asignación universal o a la beca si les correspondiese; y hasta a las notebooks, que por estos días empiezan a repartirse pero sólo para algunos.

Porque tratarlos distinto por la escuela a la que van no tiene por principales víctimas a las instituciones y sus entidades propietarias, como la Iglesia Católica, o las iglesias evangélicas, o las fundaciones no confesionales que a lo largo y ancho del país han emprendido la quijotesca tarea de educar. ¡No! Las víctimas concretas de esa irracional discriminación son los niños.

Para colmo, Ángela ya fue a golpear las puertas de la escuela estatal más cercana y comprobó que su calvario no termina: “fui a la escuela Gutiérrez a averiguar por bancos y me dicen que no hay, no me los quieren recibir”, dice desconcertada.

Es el dato que faltaba para terminar de dimensionar lo ilimitada que es la estupidez humana. El Estado le obliga a sacar los hijos de la escuela privada pero no le asegura lugar en sus propias escuelas. ¿Qué debe hacer entonces?

Como a María y José, dos mil años atrás, a los pobres les siguen diciendo que no hay lugar para ellos. Y no es un problema de plata, sino de egoísmos y soberbia nuestra nomás, ahora como entonces…

Lic. Osvaldo A. Bodean
Presidente
Asociación Escuelas de Gestión Privada de E. R.