La participación democrática: derecho y deber

Se acerca la hora de las elecciones primarias en la Argentina. Serán este 14 de agosto. Allí podremos ejercer nuestra participación en la vida ciudadana eligiendo a quienes representarán a sus partidos en las generales del 23 de octubre. No es lícito al católico permanecer indiferente.

La democracia, como sistema de gobierno, es ampliamente valorada por la Iglesia. Es lo que nos enseñó, por ejemplo, Juan Pablo II en Centesimus annus:

La Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Por esto mismo, no puede favorecer la formación de grupos dirigentes restringidos que, por intereses particulares o por motivos ideológicos, usurpan el poder del Estado.

Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Requiere que se den las condiciones necesarias para la promoción de las personas concretas, mediante la educación y la formación en los verdaderos ideales, así como de la «subjetividad» de la sociedad mediante la creación de estructuras de participación y de corresponsabilidad. (CA 46)

La enseñanza de la Iglesia Argentina ha señalado ese mismo camino. Hay un documento muy interesante llamado Iglesia y Comunidad Nacional. Dado a conocer por la CEA el 8 de mayo de 1981. Es decir, durante la última dictadura militar que asolara nuestra patria. Sería muy bueno que lo releyeramos completo. Desde aquí lo pueden conseguir. Yo quisiera compartirles este trozo en el cual enumeran los requisitos que debe tener una verdadera democracia:

Ante la difícil tarea de restablecer la democracia, señalamos algunas condiciones esenciales para que ella pueda alcanzarse en plenitud, como así también algunos requisitos particulares:

Todos los ciudadanos deben sentir la responsabilidad de ser protagonistas y artífices de su propio destino como pueblo, cada uno según su condición. Son ellos quienes, depositarios de la autoridad que precede de Dios, por su consentimiento dan legitimidad a un gobierno democrático. Esto implica la necesidad de evitar inhabilitaciones personales injustas, proscripciones arbitrarias de grupos o partidos, condicionamientos políticos de diverso tipo que distorsionen la libre expresión de los ciudadanos, a no ser que se trate de movimientos cuya ideología y prácticas sean contrarias a la naturaleza misma de la democracia, la cual debe custodiar y defender, según justicia, su propia existencia.

La mayoría tiene el derecho de gobernar y decidir el rumbo político de la Nación, y la minoría o las minorías tienen el derecho de disentir, con ese rumbo y proponer caminos alternativos. La minoría debe respetar a la mayoría en su derecho a la conducción sin una oposición sistemática a la tarea de gobierno en bien de todo el país. Las actitudes de una y otra deben estar siempre subordinadas al bien común.

La separación y el equilibrio de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que la Constitución consagra, deben tener vigencia permanente y efectiva, evitando la indebida injerencia de un poder en otro y favoreciendo el juego libre y el mutuo control entre sí.

Los partidos políticos son actualmente organismos de la democracia, cuya función esencial consiste en representar en modo global las diferentes ideologías y opciones políticas en una sociedad pluralista y aplicar consecuentemente su programa, si la voluntad popular los conduce al gobierno. Aunque el sufragio es uno de los medios para cumplir esas funciones, los partidos no pueden convertirse en meras empresas electorales cuyos objetivos terminan al día siguiente del comicio. Deben ser verdaderas escuelas de educación cívica y de esclarecimiento político, y practicar una democracia interna que permita la confrontación de ideas y la renovación de los cuadros dirigentes.

La opción y el disenso deben ser constructivos. En un régimen político democrático hay adversarios, pero no enemigos. La finalidad de la oposición no es la anulación del que piensa distinto, sino la fiscalización serena y justa de la actuación de la mayoría gobernante y la propuesta de alternativas legítimas al juicio del pueblo.

La democracia republicana exige la periodicidad de los mandatos públicos, la amplia publicidad de los actos de gobierno y un garantizado respeto por la libertad de expresión.

La sana democracia deberá evitar estos peligros: la anarquía, o sea la falta de un adecuado y eficiente ejercicio de la autoridad; el totalitarismo, que recarga el ejercicio de la autoridad con acento excesivo y absorbe la actividad de los cuerpos intermedios y de los particulares; el abuso de poder, que distorsiona el ejercicio de la autoridad en bien propio o de grupos sectoriales; la demagogia, que es caricatura de la democracia. Sería demagogia prometer lo que no se está dispuesto a cumplir, o cualquier otra forma de ganar al pueblo con engaño. Pero no debe confundirse la demagogia con la atención y el interés serio de los gobernantes por el pueblo. Por el contrario, es obligación del gobernante procurarse por el bienestar del pueblo que preside.

No condicen con una verdadera democracia diversas formas de autoritarismo, que pueden invadir la mentalidad y la práctica políticas. El autoritarismo político descansa sobre un prejuicio de discriminación: sobre la falsa conciencia de que solamente un grupo, o una persona, por sus condiciones intelectuales o morales, estaría investigando de capacidad y de derecho para conducir a la Nación y, por consiguiente, de autoridad para gobernar. En su forma extrema, el autoritarismo no acepta la democracia y cae en la dictadura; pero a veces se presenta con una tentativa de adaptación a la democracia, aunque usando diversos mecanismos de marginación política.

El autoritarismo suele enmascarar una forma de dominación de un solo grupo social sobre el resto de la sociedad. Es lo que rechaza la Iglesia cuando reprueba aquellas formas políticas que “desvían el ejercicio de la autoridad en la prosecución del bien común, para ponerla al servicio de un grupo o de los propios gobernantes” .

No puede haber democracia política verdadera y estable sin justicia social. Ello implica la convalidación y cumplimiento en la práctica de aquellos logros sociales que sean justos y legítimos alcanzados en nuestro caso por el pueblo argentino a través de su historia, y defendidos por la propia Constitución Nacional. No hay posibilidades de progreso político o de crecimiento económico sin un paralelo desarrollo social que, según las necesidades y los valores del pueblo, vaya creando instituciones y estructuras dirigidas a constituir la sociedad con igualdad de oportunidades reales y efectivas para todos los miembros, y a tutelar, proteger y comprender la situación de sus miembros más débiles o marginados. Un signo de una democracia con sentido cristiano debe ser la universidad de aquella justicia, con especial atención a los más necesitados.

No hay democracia posible sin una leal convergencia de aspiraciones e intereses entre todos los sectores de la vida política con miras a armonizar el bien común, el bien sectorial y el bien personal, buscando una fórmula de convivencia y desarrollo de la pluralidad dentro de la unidad de objetivos fundamentales.

Esa convergencia exige, por una parte, la iniciativa privada de las personas y los grupos sociales, y, por otra, una planificación y una coordinación democráticas por parte del Estado, en cumplimiento de su función de administrador del bien común.

No hay democracia estable sin una sana economía y una justa distribución. La libertad y los derechos inherentes a toda democracia implican la responsabilidad y el deber de entregar lo mejor de cada uno a la empresa común una patria justa.

La democracia en la Argentina, por su tradición, exige también un alto grado de conciencia nacional, que signifique resguardar nuestra cultura y valores universales legítimos. La grandeza nacional es un objetivo legítimo de nuestra democracia, pero no para pretender ninguna hegemonía internacional sobre otras naciones, sino para cumplir una misión de servicio, proporcionada a nuestras posibilidades y aptitudes, en el concierto de las Naciones. Esa misión de servicio debe comenzar por los países hermanos de América Latina, a los cuales nos unen, más allá de las diferencias, profundos lazos de comunidad cultural.

La democracia, que exige una participación personal, consciente y comprometida, debe preocuparse por la creciente educación cívica de sus ciudadanos, para que no sean muchedumbres gregarias, sino pueblo responsable. (ICN 117-131)

Hoy en Tupambaé, (FM Corazón, 104.1 de Paraná, de 22 a 24 hs.) trataremos este tema de cara a las próximas elecciones y nuestro compromiso cívico.