La Argentina no escapa al problema: las tendencias mundiales en esta materia son alarmantes. La manera de presentar el tema no ofrece muchas ilusiones:
"La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido sobre la posibilidad de una generación de trabajadores jóvenes “marcada” por una peligrosa mezcla de alto desempleo, creciente inactividad y trabajo precario en los países desarrollados, y de un aumento de trabajadores pobres en los países en desarrollo."
Estas no son palabras de algún político argentino en vísperas de las últimas presidenciales. Pertenecen al comunicado de prensa con que la OIT diera a conocer La "Actualización de las Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil, 2011" (el link lleva a el texto de dicho informe en inglés). El comunicado lo pueden leer completo (en español) desde aquí.
El informe dice que el número absoluto de jóvenes desempleados disminuyó levemente desde su punto más alto en 2009 (pasó de 75,8 millones en 2009 a 75,1 millones a finales de 2010, esto equivale a una tasa de desempleo de 12,7 por ciento) y se espera que disminuya a 74,6 millones en 2011, es decir, una tasa de 12,6 por ciento. Sin embargo, el informe atribuye este descenso a que cada vez más jóvenes se retiran del mercado laboral, y no a que encuentran un empleo. Esto es especialmente cierto en las economías desarrolladas y en la región de la Unión Europea.
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Por otra parte, las economías de bajos ingresos están atrapadas en un círculo vicioso de pobreza laboral. El informe dice que, si el desempleo juvenil fuese analizado por separado, se podría suponer erróneamente que a los jóvenes de Asia Meridional y África Subsahariana les va bien comparado con los de las economías desarrolladas, pero de hecho, el alto nivel de la relación empleo-población de los jóvenes en las regiones más pobres significa que los pobres no tienen otra opción que trabajar.
“En el mundo hay muchos más jóvenes que son trabajadores pobres que jóvenes sin trabajo o que buscan empleo”, dice el informe.
La realidad argentina está dentro de estos parámetros. Veamos lo que dice Tomás Lukin en Página 12 ( lo cual no puede ser tachado, precisamente, de mensaje desestabilizante opositor):
En Argentina el desempleo juvenil alcanza al 18 por ciento de ese segmento poblacional, una cifra elevada frente al 7,2 por ciento del desempleo total. Se trata de un problema estructural que afecta con mayor intensidad a las mujeres. Los registros del país están en sintonía con los observados en el resto de América latina. Junto con la informalidad y precariedad, el desempleo juvenil es uno de los principales problemas estructurales de la región en materia laboral. No obstante, a diferencia de lo que sucedió en Europa, la cantidad de jóvenes con problemas de empleo no se disparó a partir del estallido de la crisis financiera internacional.
Lo que pasa que lo dicho no es ninguna novedad... para quién ve y escucha datos reales y no los dibujados por el Indec. Y en esto ha sido (y es) muy meritorio el aporte del Observatorio de la Deuda Social Argentinaelaborado por la UCA.
Dentro de ese mismo contexto podemos, por ejemplo, leer este informe sobre "Los jóvenes y el mundo del trabajo en la Argentina actual" de Agustín Salvia e Ianina Tuñón (2005):
En el marco de esta apretada conclusión sobre el problema, cabe ubicar al menos dos desafíos fundamentales en materia de políticas públicas tendiente a favorecer una efectiva inclusión de los jóvenes al mundo del trabajo:
A) En primer lugar, no está demás insistir en que el problema de la integración social juvenil requiere de un contexto general de crecimiento económico con mayor equidad distributiva para tener posibilidades de éxito. Sin crecimiento, mayor demanda de empleo y mejor distribución del ingreso en favor de los grupos más postergados no habrá inclusión social para estos jóvenes. Pero aunque el crecimiento con empleo es condición necesaria, no es condición suficiente. En cualquier caso se requiere enfrentar las específicas condiciones sociales que determinan que las oportunidades no se distribuyan de manera equitativa entre los mismos jóvenes. En este sentido, la inclusión de los jóvenes debe ser asumida en el marco de políticas activas de promoción del crecimiento y de reformas laborales que favorezcan el primer empleo de los jóvenes.
Ambas como precondiciones necesarias para una política integral de inversión social y fortalecimiento del tejido comunitario que permitan un mejoramiento sustantivo de la participación y la integración juvenil.
B) En segundo lugar, el problema de la inclusión juvenil tiene que abordarse en el marco de una (nueva) más profunda reforma del sistema educativo que le brinde al Estado Nacional los mecanismos adecuados para intervenir a nivel federal en función de garantizar una formación integral y de excelencia para todos los jóvenes, y en particular, en función de resolver los déficit que sufren los sectores más rezagados. El sistema educativo, tanto en el campo humanista como técnico-profesional, tiene una función central e indelegable con respecto al proceso de socialización de los jóvenes, así como para favorecer su transición hacia el mundo laboral. En tal sentido, cabe pensar en un nuevo tipo de políticas de educación y formación profesional dirigidas a garantizar mayor y mejor escolaridad a los jóvenes más vulnerables; al mismo tiempo que cabe generar para todos una formación más integral vinculada al desarrollo humano, y no sólo a una serie de habilidades prácticas y conocimientos generales. Aprender a pensar y a intercambiar ideas es más útil que aprender a realizar de manera individual una tarea rutinaria. Sin negar la importancia del entrenamiento laboral, a él se debe llegar desde una perspectiva pedagógica y política muy distinta. Sólo de este modo la educación podrá convertirse en una “alternativa real” frente a la pobreza y la marginalidad.
La condición juvenil es un momento de definición y formación de capacidades personales que permiten pronosticar el progreso futuro de una sociedad. En el caso argentino, el presente de los jóvenes sólo permite proyectar un país con mayor pobreza y desigualdad. Hasta ahora, el problema parece haber superado ampliamente la capacidad de las políticas públicas en cuanto a lograr alternativas satisfactorias a los problemas existentes. Sin reformas estructurales en materia de inversión social, redistribución del ingreso y más y mejor educación para los que menos tienen, parece imposible en la Argentina un cambio de rumbo que revierta el profundo deterioro y la creciente polarización que afecta al sistema social.
Luca M. Possati, desde el primer mundo, toma dimensión correcta del problema presentado por la OIT:
Frente a semejante panorama, ¿qué hacer? Las nuevas generaciones de hoy no disfrutarán de ese sistema de previsión social que sus padres utilizaron. No tendrán pensiones, amortiguadores sociales, asistencia sanitaria, recursos culturales y todo lo que acostumbramos llamar welfare state. Para salvar lo salvable, la OIT propone desarrollar una estrategia integrada para el crecimiento y la creación de empleos que proporcione canales privilegiados a los jóvenes; mejorar la calidad de los puestos de trabajo reforzando la normativa internacional e invertir en la formación. Un buen proyecto, pero en el papel.
Este no es un tema menor para el católico: no nos puede dejar indiferentes. Leamos, por ejemplo, los puntos 287 al 290 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia:
El trabajo es necesario
El trabajo es un derecho fundamental y un bien para el hombre: un bien útil, digno de él, porque es idóneo para expresar y acrecentar la dignidad humana. La Iglesia enseña el valor del trabajo no sólo porque es siempre personal, sino también por el carácter de necesidad. El trabajo es necesario para formar y mantener una familia, adquirir el derecho a la propiedad y contribuir al bien común de la familia humana. La consideración de las implicaciones morales que la cuestión del trabajo comporta en la vida social, lleva a la Iglesia a indicar la desocupación como una «verdadera calamidad social», sobre todo en relación con las jóvenes generaciones.
El trabajo es un bien de todos, que debe estar disponible para todos aquellos capaces de él. La «plena ocupación» es, por tanto, un objetivo obligado para todo ordenamiento económico orientado a la justicia y al bien común. Una sociedad donde el derecho al trabajo sea anulado o sistemáticamente negado y donde las medidas de política económica no permitan a los trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación, «no puede conseguir su legitimación ética ni la justa paz social». Una función importante y, por ello, una responsabilidad específica y grave, tienen en este ámbito los «empresarios indirectos», es decir aquellos sujetos —personas o instituciones de diverso tipo— que son capaces de orientar, a nivel nacional o internacional, la política del trabajo y de la economía.
La capacidad propulsora de una sociedad orientada hacia el bien común y proyectada hacia el futuro se mide también, y sobre todo, a partir de las perspectivas de trabajo que puede ofrecer. El alto índice de desempleo, la presencia de sistemas de instrucción obsoletos y la persistencia de dificultades para acceder a la formación y al mercado de trabajo constituyen para muchos, sobre todo jóvenes, un grave obstáculo en el camino de la realización humana y profesional. Quien está desempleado o subempleado padece, en efecto, las consecuencias profundamente negativas que esta condición produce en la personalidad y corre el riesgo de quedar al margen de la sociedad y de convertirse en víctima de la exclusión social. Además de a los jóvenes, este drama afecta, por lo general, a las mujeres, a los trabajadores menos especializados, a los minusválidos, a los inmigrantes, a los ex-reclusos, a los analfabetos, personas todas que encuentran mayores dificultades en la búsqueda de una colocación en el mundo del trabajo.
La conservación del empleo depende cada vez más de las capacidades profesionales. El sistema de instrucción y de educación no debe descuidar la formación humana y técnica, necesaria para desarrollar con provecho las tareas requeridas. La necesidad cada vez más difundida de cambiar varias veces de empleo a lo largo de la vida, impone al sistema educativo favorecer la disponibilidad de las personas a una actualización permanente y una reiterada cualifica. Los jóvenes deben aprender a actuar autónomamente, a hacerse capaces de asumir responsablemente la tarea de afrontar con la competencia adecuada los riesgos vinculados a un contexto económico cambiante y frecuentemente imprevisible en sus escenarios de evolución. Es igualmente indispensable ofrecer ocasiones formativas oportunas a los adultos que buscan una nueva cualificación, así como a los desempleados. En general, la vida laboral de las personas debe encontrar nuevas y concretas formas de apoyo, comenzando precisamente por el sistema formativo, de manera que sea menos difícil atravesar etapas de cambio, de incertidumbre y de precariedad.
Sobre todo esto trataremos hoy en nuestro programa Tupambaé, por FM Corazón (104.1 de Paraná) desde las 22 a las 24 hs.
sería un excelente artículo para Planisferio ;)
Disponible.